Mar 30, 2015

Tercer Municipio Declarado Libre De Minería

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Por Alfredo Carías

Nueva Trinidad de Chalatenango ubicada a 105 kilómetros aproximadamente al norte de la capital salvadoreña fue declarada por su población un municipio donde se prohíbe la actividad minera, convirtiéndose en el tercer territorio libre de minería. 

Sandra Guadalupe Rivera nos muestra una de las papeletas de votación de la JRV de la comunidad Zacamil. 

Esta declaratoria se da después de la realización de la consulta popular el pasado domingo 29 de marzo, donde el 61.85% de la población acudió a emitir su sufragio, según el padrón electoral. 

Lo que opino es que no pasen esas minerías aquí porque ellas no tienen por qué venir a explotar estos cerros, nos van a venir a contaminar a todos, no estamos de acuerdo a que vengan”, manifiesto después de emitir su voto Videlino Alemán del caserío Zacamil del municipio de Nueva Trinidad.

Según las actas escrutas en las siete Juntas Receptoras de Votos (JRV), instaladas en las comunidades Carasque, Huizucar, Los Pozos, El Bajío, Manaquil, Zacamil y el casco urbano, arrojaron un consolidado de un total de 809 personas que emitieron el sufragio, de los cuales 803 votaron con un NO a la minería, mientras cuatro votaron que sí y se registraron dos votos nulos.

El 99.25% de los votantes opinaron en contra de la exploración y explotación minera en el municipio con lo que se puede declarar Nueva Trinidad como el tercer municipio libre minería metálica en El Salvador aseguro Marcos Gálvez representante de la Mesa Nacional frente a la Minería.

Esta decisión popular se traducirá en la creación de una Ordenanza Municipal que prohíba la actividad minera en el territorio por parte del Concejo Municipal de Nueva Trinidad, lo cual se materializa en los próximos meses aseguro el jefe edilicio Matías Abrego.

Durante el desarrollo de la consulta popular el Concejo Municipal de Nueva Trinidad junto con comunidades y organizaciones de la sociedad civil organizó una conferencia de prensa, la cual fue interrumpida con la inesperada aparición de ciertas autoridades del gobierno central entre las que figuraron la Secretaria de Participación Ciudadana de la Presidencia, el Ministerio de Gobernación y Ordenamiento Territorial y la Gobernación Política de Chalatenango.

Esta repentina sorpresa dio un giro al protocolo de la rueda de prensa donde las periodistas presentes solicitaron conocer la opinión del gobierno salvadoreño al respecto, a lo cual accedieron dichos funcionarios.  

En la mesa de honor sentados de izq. a der. Yanira Cortez, procurador adjunta de Medio Ambiente de la PDDH, Alberto Avelar alcalde de Arcatao, Marcos Rodríguez Secretario de Participación Ciudadana de la Presidencia, José Reymundo Alas Gobernador Político de Chalatenango.
 

Yo estuve hablando ayer con el señor Presidente de la República, me comento sobre la consulta como un ejemplo de participación ciudadana, estas son acciones concretas desde la sociedad civil  y con el beneplácito del gobierno para profundizar la democracia, por la vía de reconocer que el pueblo es el mandatario, aquí se va hacer lo que el pueblo decida”, declaro Marcos Rodríguez Secretario de Participación Ciudadana de la Presidencia.

La Consulta Popular también contó con la participación de una delegación de 24 Observadores Internacionales de Canadá, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Inglaterra, y Nicaragua, una delegación de 9 representantes de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH), Observadores Nacionales representantes del Municipio de San José Las Flores, comunidad de Sensuntepeque, departamento de Cabañas. En total fueron alrededor de 50 observadores  nacionales e internacionales.

La procuraduría se une a este proceso de consulta, se congratula que participen en aquellos temas que le pueden afectar como la minería metálica, sabemos que es una de las industrias que más está afectando a nivel mundial pero que está representando un grave problema para El Salvador al no tener una Ley que la prohíba” (refiriéndose a la demanda ante el CIAID), señalo Yanira Cortez, procuradora adjunta de Medio Ambiente de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

A pesar que este proceso de consulta popular está tomando relevancia en las esferas políticas, atrayendo el interés de las autoridades del gobierno central, esto no trasciende en la discusión y aprobación de una legislación en el seno de la Asamblea Legislativa, mucho menos se promueve esta iniciativa por parte del Estado, esta pasividad gubernamental ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por las organizaciones miembras de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, en particular que ha generado repercusiones graves como la demanda millonaria interpuesta por la empresa canadiense - australiana Pacific Rim/ Oceana Gold ante un tribunal internacional contra El Estado salvadoreño.  

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